Normativa sobre el agua

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El agua es un recurso compartido que no conoce fronteras políticas. La necesitamos para lavarnos, limpiar y alimentar nuestro estilo de vida moderno. El agua dulce y limpia es importante no solo para la población, sino también para la agricultura, la industria, la acuicultura, la minería y la producción energética estadounidenses. La mayoría de las veces, la damos por sentada. Para la mayoría de nosotros, basta con abrir el grifo para que salga agua.

Los estadounidenses consumen unos 300 000 millones de galones de agua dulce al día, procedente tanto de fuentes superficiales como subterráneas. El agua potable del suministro público representa solo el 13% de esa cantidad, es decir, 42 000 millones de galones al día.

Si no es para el consumo humano, ¿para qué se utiliza la mayor parte del agua dulce? Los dos principales usos del agua dulce en EE. UU. son el riego y la refrigeración de las centrales eléctricas. Entre ambos, representan aproximadamente tres cuartas partes del agua dulce que se consume en EE. UU. El uso industrial del agua representa el 5% del consumo total de agua del país.

La Ley de Agua Limpia y la Ley de Agua Potable Segura constituyen la base de la calidad del agua en nuestro país. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA) es la encargada de aplicar y velar por el cumplimiento de estas leyes.

El control y la aplicación de la normativa sobre la calidad del agua van de la mano. Los estados recopilan cinco tipos de datos en los puntos de control: biológicos, químicos, físicos, sobre el hábitat y sobre la toxicidad.

La Ley de Agua Limpia (CWA) constituye la base jurídica para garantizar la calidad del agua en Estados Unidos. Aprobada en 1972, la ley exige a la EPA que regule el vertido de contaminantes en las masas de agua y establezca las normas de calidad para las aguas superficiales. La EPA define qué tipo y qué cantidad de efluentes industriales y agrícolas pueden verterse en lagos, arroyos y ríos.

Quienes deseen verter contaminantes en una masa de agua navegable deben obtener un permiso en virtud del Sistema Nacional de Eliminación de Vertidos Contaminantes (NPDES). En el marco de este sistema, la EPA ofrece orientación sobre los límites basados en la tecnología y los límites basados en la calidad del agua. Se establecen requisitos adicionales de control y notificación para vertidos específicos: explotaciones ganaderas, acuicultura, aguas residuales, aguas pluviales, etc.

En 1974, el Congreso aprobó la Ley de Agua Potable Segura (SDWA) con el fin de establecer normas relativas a la calidad del agua potable. La ley exige a la EPA que supervise y garantice el cumplimiento de dichas normas por parte de los responsables del funcionamiento diario de los distintos sistemas de abastecimiento de agua de Estados Unidos.

La EPA establece las concentraciones máximas de más de 90 contaminantes diferentes en el agua potable pública, en virtud del Reglamento Nacional Primario sobre el Agua Potable (NPDWR). La agencia también especifica las técnicas de tratamiento específicas para cada contaminante.

La Oficina del Agua, dependiente de la EPA, se encarga de aplicar tanto la Ley de Agua Limpia como la Ley de Agua Potable Segura, así como varias leyes, entre ellas las Enmiendas de Reautorización de la Ley de Zonas Costeras de 1990. Su misión consiste en proteger la salud humana, apoyar las actividades económicas y recreativas, y proporcionar un hábitat saludable para los peces, las plantas y la fauna silvestre. La oficina supervisa la gestión del agua en los océanos, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas acuáticos.

La Oficina del Agua, dependiente de la EPA, se encarga de aplicar tanto la Ley de Agua Limpia como la Ley de Agua Potable Segura, así como varias leyes, entre ellas las Enmiendas de Reautorización de la Ley de Zonas Costeras de 1990. Su misión consiste en proteger la salud humana, apoyar las actividades económicas y recreativas, y proporcionar un hábitat saludable para los peces, las plantas y la fauna silvestre. La oficina supervisa la gestión del agua en los océanos, las cuencas hidrográficas y los ecosistemas acuáticos.

El presupuesto destinado a la aplicación de las políticas hídricas se distribuye entre varias áreas programáticas. Si bien el Gobierno siguió aumentando la financiación de estos programas en los últimos años, bajo la actual Administración estadounidense se observan recortes totales o parciales en todos los ámbitos. Entre estas áreas se incluyen los ecosistemas, la protección de la salud humana y la protección de la calidad del agua. Los programas geográficos, destinados a la rehabilitación y restauración de masas de agua, han sido eliminados por completo del presupuesto de la EPA, lo que supone un recorte de más de $420 millones en financiación.

La eficacia de los esfuerzos de la EPA para hacer cumplir su normativa depende de la capacidad de la agencia para aplicar sus políticas. La Oficina de Ejecución y Garantía del Cumplimiento (OECA) de la agencia persigue las infracciones relacionadas con la calidad del agua y del aire mediante acciones civiles y penales. Para garantizar el cumplimiento de la Ley de Agua Limpia y la Ley de Agua Potable Segura, la EPA colabora con organismos federales, estatales y tribales a través de los programas de Asistencia para el Cumplimiento y la Supervisión.

Se prevé que el presupuesto de la EPA destinado a la aplicación de la normativa se reduzca en una quinta parte según los planes presupuestarios del actual presidente.

La EPA estima que hay más de 80 000 compuestos químicos en uso comercial, una cifra muy superior a la de los que figuran en la NPDWR. Solo se han estudiado unos pocos miles en cuanto a su detección y toxicidad. En virtud de la SDWA, la EPA cuenta con un proceso para identificar y evaluar los contaminantes no regulados. La EPA publica periódicamente una lista de contaminantes (denominada «Lista de Contaminantes Candidatos» o CCL). Tras su evaluación, se estudia la posibilidad de incluir dichos contaminantes en la lista de sustancias químicas del NPDWR.

Es posible que el agua potable no siempre tenga un sabor o un olor frescos. Incluso puede estar un poco turbia o presentar algún color. Esto no significa necesariamente que el agua no sea apta para el consumo. Por ejemplo, la contaminación por aluminio le da color al agua. Metales como el cobre y el zinc le dan un sabor metálico al agua. Sin embargo, los sabores, olores y aspectos indeseables minan la confianza de la población en el suministro de agua de la comunidad. Por ello, la EPA ha establecido criterios adicionales para la calidad del agua.

Para ayudar a distinguir los contaminantes que merman el disfrute del agua potable de aquellos que suponen riesgos para la seguridad, la EPA también ha establecido normas de calidad del agua no obligatorias para 15 contaminantes específicos. Se trata de las Normas Nacionales Secundarias sobre el Agua Potable (NSDWR), que proporcionan directrices a las redes públicas de abastecimiento de agua para gestionar la calidad del agua en lo que respecta al sabor, el color y el olor.

Sí. La infraestructura de distribución puede provocar contaminación, sobre todo si se gestiona de forma inadecuada. Además de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA), la EPA ha adoptado la «Norma sobre plomo y cobre», que exige a todos los estados cumplir con una serie de normas para gestionar el plomo y el cobre que se filtran de las tuberías. Las empresas de suministro controlan los niveles de plomo en el agua mediante análisis realizados en los hogares que están conectados a la red de distribución mediante tuberías de servicio de plomo.